La Intendencia de Montevideo intimó ayer a la empresa CAP a cumplir en 48 horas con el servicio de barrido y recolección en la zona céntrica. Los trabajadores, en tanto, siguen de paro y aquellos que quieren trabajar volverán hoy ante la Justicia.
La Intendencia de Montevideo resolvió ayer intimar al Consorcio Ambiental del Plata (CAP) a cumplir con el barrido y la recolección en el área de su competencia en un plazo de 48 horas, por lo que la firma apeló a la contratación de personal tercerizado, en vista de que no alcanza un entendimiento con su sindicato.
"El pliego dice que se deben cumplir todas las tareas. Y prevé una serie descuentos y penalidades. Lo que nosotros hacemos es intimar a la empresa a que realice las tareas en 48 horas o, en caso contrario, las penalidades serán mayores", declaró a El País el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Juan Canessa.
Según comentaron a El País fuentes de la empresa, propiedad del grupo Teyma, ya hay camiones y personal contratado para cumplir con el servicio.
"La empresa está haciendo lo posible y lo imposible por cumplir. Los contenedores se están levantando y las ferias también. El barrido está paralizado porque si te ven (los trabajadores sindicalizados), te corren", comentó la fuente. Y agregó: "lo que no entiende el sindicato es que sino cumplimos y la empresa deja de trabajar con la Intendencia, nos hundimos todos".
Los trabajadores agremiados, en tanto, no volvieron a mantener reuniones en el Ministerio de Trabajo y están a la espera de una respuesta "concreta" de la empresa.
"Nosotros vimos que las promesas después no se cumplen, entonces, no vamos a aflojar hasta que no tengamos algo seguro", dijo a El País el dirigente Óscar Granja. El sindicalista aseguró que el conflicto continuará porque CAP "no quiere perder capital".
EN LA JUSTICIA. La audiencia de los trabajadores de CAP en el juzgado de 25 de Mayo se suspendió para hoy a las 13 horas.
El sindicato se presentó ayer en la sede sin abogado y con una nota firmada por el ex candidato al Senado por Asamblea Popular y abogado, Helios Sarthou, donde solicitaba prorrogar la instancia judicial.
Los trabajadores que pretenden continuar con sus tareas y que dicen haber sido agredidos por los agremiados, se encontraron ayer en las afueras del juzgado y subieron juntos al séptimo piso, donde los esperaba la jueza de 12° Turno, Mónica Pereira.
Algunos con el uniforme de la empresa, otros de particular y mate en mano, consultaban a su abogado sobre qué tenían que hacer. "Tienen que explicar lo que les pasó, le tienen que contar todo lo que han vivido en estos días a la jueza", explicaba el profesional.
El ambiente en el séptimo piso de la sede judicial se puso tenso cuando los trabajadores se enteraron que el sindicato también estaba citado y que los agremiados estaban subiendo por el ascensor. "Esto va a terminal en lío", comentó uno de los empleados. Para evitar inconvenientes, la magistrada solicitó la presencia de un policía.
El abogado, además, trasladó a los demandantes a un rincón de la oficina, lejos del sindicato. Miradas desafiantes y comentarios en voz baja en varios grupos de trabajadores, de un lado y del otro, hacían que el aire en la sede judicial "se cortara con cuchillo".
Cuando el sindicato entregó la solicitud de prórroga, la jueza quedó desconcertada. "Yo paralicé todo el juzgado por esto, me parece una falta de respeto", dijo Pereira, visiblemente molesta por la situación.
Los trabajadores agremiados se excusaron diciendo que habían recibido la notificación el lunes a las 18 horas y que el sindicato carece de abogado. Además, tenían que presentarse los 28 integrantes y asistieron sólo diez de ellos.
Pereira finalmente hizo entrar a todos los trabajadores a una pequeña sala y les comunicó que "analizando el escrito" resolvió darle al sindicato un plazo de 24 horas para que se presenten con un abogado.
"¡Vamos carajo!", gritó uno de los integrantes del gremio. Los demandantes se mordían los labios y las caras eran de desilusión. "¿Mañana otra vez acá? Esto es desmotivante", comentó otro trabajador. "Nosotros vamos a estar 24 horas más en la calle sin protección de nadie, esto es de terror", agregó.
EL ACUERDO. El pliego del contrato que la Intendencia tiene con CAP dice que "los descuentos diarios ante la no ejecución de los servicios contratados en el tiempo y forma previstos son independientes de las multas que se pudieran aplicar. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y descuentos que procedieren, en caso de no cumplimiento del servicio contratado, la Intendencia podrá, previa intimación para que el contratista corrija su deficiencia, ejecutar directamente o hacer ejecutar por terceros los trabajos que hubieran sido omitidos o deficientemente ejecutados si éstos fueran cumplidos".
En agosto de este año, los trabajadores de CAP paralizaron sus tareas afectando considerablemente la recolección en el Centro, Cordón, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Parque Rodó y parte de Tres Cruces.
En noviembre de 2008 hubo un conflicto similar con los trabajadores de la empresa, que llegaron a cortar la calle en Ejido y Cerro Largo, y la peatonal Sarandí. Incluso se generó un pico de tensión cuando impidieron que un grupo de camiones subcontratados para realizar las tareas de limpieza pudiera salir a la calle.
Según el presidente de Adeom, Álvaro Soto, la Intendencia "está omisa" al dejar librado el conflicto a lo que se pueda acordar en el Ministerio de Trabajo. "Hay una omisión en el sentido de que hay un gasto que está yendo al lucro particular de una empresa. La Intendencia tiene la obligación de garantizar la limpieza, pero también de que se cumplan las condiciones laborales mínimas que están establecidas por ley", sentenció el sindicalista.
"Ana Olivera hace lo contrario a lo de sus camaradas comunistas", dijo Soto
El Ejecutivo de Adeom se entrevistará hoy con el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, Jorge Basso, intentando hallar un camino que ponga final al conflicto municipal. En tanto, los municipales se reunirán mañana en asamblea y se concentrarán en la explanada municipal.
"Es imposible que alguien acepte una propuesta que significa aceptar una rebaja salarial durante cinco años. Todo el mundo sabe que simplemente con ajustes por IPC, no hay recuperación del salario", declaró a El País el presidente de Adeom, Álvaro Soto, quien aseguró que "el gremio no tiene ningún tipo de recuperación salarial desde 2001".
"Nos sorprende terriblemente que la intendenta se haya colocado en esa posición, porque la mayoría de sus camaradas, que militan en los sindicatos, reclaman lo que nosotros reclamamos", añadió el dirigente sindical.
Y puntualizó: "sus compañeros de partido reclaman en los sindicatos y en el Pit-Cnt que haya convenio, ajuste por IPC y recuperación salarial. Entonces, nos parece que si hay un planteo de que hay que redistribuir la riqueza por parte de corrientes que forman parte del gobierno, es incoherente que se esté planteando una política distinta".
PLANTEO. Adeom mantiene su reclamo de ajuste del 100% del IPC cada cuatro meses, más el 2,5% de recuperación salarial por cuatrimestre. Pero fundamentalmente, exige que el salario mínimo, que actualmente se encuentra en $ 12.000, sea llevado al término del quinquenio a la media canasta básica familiar; es decir, a unos $ 20.000.
En una carta entregada la semana pasada a la intendenta Ana Olivera y a su secretario general, Ricardo Prato, los funcionarios municipales reclamaron también el aumento de la inversión presupuestal para el mejor funcionamiento de varios servicios. Y la remunicipalización del área que atiende la empresa CAP.
Álvaro Soto : "CAP-Teyma explota a sus trabajadores"
"CAP – Teyma tiene condiciones de trabajo casi de explotación, salarios que son poco más de la mitad del salario básico que cobra un municipal en el barrido y ritmos de producción que son el doble. Hay una superexplotación de trabajadores de CAP, que además tampoco le significa un ahorro a la Intendencia", dijo el presidente de Adeom. Lo que significa es una ganancia impresionante para la multinacional Teyma. La Intendencia tendría que pedirle que cumpla con condiciones equivalentes a las de los municipales", añadió.
Juan Canessa: "Ahora pueden aplicarse otras penalidades"
El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Juan Canessa, informó que la empresa CAP "terminó de levantar la feria de Tristán Narvaja y algunos puntos bastante críticos, como la calle Gaboto". Sin embargo, aclaró que después de la intimación a la empresa, "además de los descuentos, empiezan a aplicarse otro tipo de penalidades por incumplimiento". "El pliego dice que se deben cumplir todas las tareas, Y prevé una serie descuentos y penalidades. Las tareas deben normalizarse en 48 horas", sentenció Canessa.
Óscar Granja: "El paro termina con una respuesta concreta"
La medida continúa y va a seguir así hasta que la empresa no se digne a brindarnos una respuesta concreta. Nosotros vimos que las promesas después no se cumplen, entonces no vamos a aflojar por las dudas. Ellos nos prometen camiones con oro y después nos quedamos con el camión vacío. Queremos que se comprometan a mejorarnos las condiciones laborales y analizar los consejos de salarios. Cuando yo empecé tenía 30 cuadras para barrer y me daban 20 bolsas, hoy te dan cuatro. No se puede trabajar así".
V. RUGGIERO Y A. LÓPEZ REILLY
El País (Uruguay) 24-11-10
