Argentina | 31-01-2022
Lo señala un informe de dos universidades sobre el impacto contaminante de los desechos peligrosos.
Los residuos industriales, en el caso de no estár bien tratados, pueden generar un problema ambiental serio. Sin embargo, entre mayo y octubre de 2021 solo fue tratado el 8 por ciento de los residuos industriales que se generaron en ese período en la Argentina, según el último informe presentado por dos universidades nacionales. La cifra muestra un descenso del relevamiento anterior, que arrojaba un nivel de tratamiento del 10 por ciento, y alertó a todos los actores involucrados del sector.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Dirección de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). De las 12 millones de toneladas anuales de residuos industriales que se generan, sólo un millón se trata de forma adecuada.
Es un porcentaje marginal con respecto al total. Según se desprende del estudio, los principales generadores de residuos son las industrias manufactureras (bebidas, detergentes, sustancias químicas, vehículos, plásticos), seguidas por las petroleras y mineras. En tercer lugar se encuentran las empresas dedicadas al suministro de aguas y cloacas.
Sin embargo, a raíz del impacto de la pandemia, uno de los sectores de mayor crecimiento en materia de generación de residuos fue el de la Salud, ya que los patógenos crecieron más de 30 por ciento, lo que implicó un volumen total de 80 mil toneladas, que el sector de tratamiento pudo absorber para que no colapsara el sistema sanitario.
¿Cuáles son las razones? Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES), fue consultada por Clarín acerca de este tema.
“Creemos que los motivos de la incorrecta gestión son la competencia desleal en el sector de los generadores de residuos, ya que, al disponerlos de manera ilegal, descargan este costo en la sociedad; el déficit en la fiscalización y la ausencia de sanciones por parte del Estado y, por último, la falta de conciencia ambiental y conocimiento del daño que se genera”, analizó Kalinec.
Para Matías De Bueno, abogado especialista en derecho ambiental y director del observatorio de la UNR, la problemática es la misma: “las empresas no los tienen internalizados dentro de los números del circuito de su producción, por lo que esas externalidades negativas las termina pagando la sociedad”.
Es que los residuos peligrosos tienen componentes altamente contaminantes, por lo que su tratamiento adecuado es esencial para que no queden dispuestos en el ambiente. “Contaminan el suelo, el aire, el agua y, al entrar en contacto con las personas, pueden generar enfermedades graves o incluso provocar la muerte. Los residuos se respiran o consumen”, advierten los especialistas en la materia consultados.
“Hay diferentes autoridades de aplicación. Los organismos encargados de controlar son los ministerios de Ambiente de las distintas jurisdicciones. A su vez, la Nación tiene que intervenir cuando se produce una situación de interjurisdicción o por pedido de un gobierno local. Pero no existe ningún tipo de preocupación por parte de los gobiernos por resolver la problemática de los residuos peligrosos”, denuncia De Bueno.
“El control del cumplimiento de una ley de presupuestos mínimos cómo es la 24.051- no puede ser ajeno a la Nación sin que esto exima al control provincial”, señala sobre el tema un reconocido jurista.
Mientras tanto, Gustavo Solari, presidente de la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) , destaca: “somos una actividad esencial y necesaria para poder vivir en un ambiente sano. La problemática de los residuos industriales es transversal y nos afecta a todos por igual y nosotros tenemos la responsabilidad de informar y colaborar activamente con la toma de decisiones”.
“Creemos que es necesaria una mayor fiscalización, integral y estratégica. Tenemos que trabajar en forma conjunta sector público y privado para generar conciencia, no solo en el ambiente empresario, sino en la sociedad en general sobre el daño que produce el vuelco informal de los residuos”, insiste Kalinec en referencia a la búsqueda de soluciones.
“La pandemia agravó toda esta situación porque la actividad de fiscalización prácticamente desapareció en algunas provincias. Creo que lo más importante es que se empiece a sancionar acorde con la gravedad que tiene el tema. Si se llegan a aplicar multas irrisorias se va a seguir contaminando porque de esa forma es más barato, lamentablemente. Las empresas tienen que disponer sus propios residuos en el circuito formal y obtener los correspondientes certificados de tratamiento”.
Por su parte, De Bueno exige que los controles sean financiados y que se lleven adelante procesos judiciales para infractores. “También son necesarias políticas de implementación de buenas prácticas y la generación de inversiones, para que las empresas tengan la opción de reconvertir sus procesos productivos”.
Por otra parte, De Bueno evalúa la importancia de un trabajo conjunto, integrado por el sector privado, la sociedad civil y los ámbitos estatales, para transformar el sistema.
FUENTE:
Clarín ( Argentina )
Penélope Canonico
