Argentina | Chubut |

Fiscalía no halló delitos en el manejo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Pero advirtió que falta mucha documentación clave y que estas falencias favorecen el cometer delitos. Sospechas por la facturación de la esposa de uno de los responsables de la Planta.

La Fiscalía de Esquel no encontró evidencias para probar delitos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de esa ciudad, salvo en un caso puntual sobre el que se iniciaría una nueva investigación. Se trata de una venta de hierro y chapa por 5.302 pesos, realizada a una firma de Bahía Blanca y facturada no por el municipio sino por una empresa que pertenecería a la esposa de uno de los responsables de la Planta. Podría ser defraudación contra la administración pública. El resto de la denuncia, que incluía a dos empleados municipales, se archivó y quedará a criterio del intendente Rafael Williams denunciar en otro fuero, pedir la revisión del archivo o constituirse como querellantes. 

Según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, tras analizar las evidencias colectadas sólo se halló “desorganización, falta de controles e imprecisiones”. Los investigadores las definieron como “falencias que favorecen la comisión de diversas irregularidades a la vez que hacen prácticamente imposible individualizarlas con la certeza necesaria para responsabilizar penalmente a alguien”.

Informe de mal manejo

El informe técnico del contador Claudio Marty, del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General, concluye que, respecto del circuito de venta del material recuperado por la Planta, no es posible determinar un perjuicio económico. “Necesitaríamos contar con un manual de procedimientos u ordenanzas de la Municipalidad donde se establece el circuito de ventas del material recuperado de la Planta de tratamiento de residuos. También contar con recibos o remitos emitidos en la planta, para poder cotejarlos con el Libro de guardia para verificar la salida del material y a su vez con el listado de recibos legales de cobranza del municipio”.

Los comprobantes aportados no están dentro de las normativas legales e impositivas ya que no se poseen las facturas. No había un “stock de productos recuperados inicialmente y al final de cada período de la Planta, con más las cobranzas realizadas en el municipio en el mismo período no nos permite establecer un monto omitido de cobrar por el municipio”.

De acuerdo a la información oficial, “el Ejecutivo municipal de Esquel de algún modo o por alguna razón que no se puntualiza, priorizó la sustanciación de actuaciones administrativas por sobre la puesta en marcha de la investigación criminal mediante la respectiva denuncia, la que recién se instauró el 17 de diciembre de 2012”.

El dato es relevante dado que las evidencias salieron de un sumario y no de una pesquisa penal. Según el fiscal Martín Zacchino, si se toman esas pruebas tal cual se corre riesgo de vulnerar garantías constitucionales. Por ejemplo, testimonios “bajo juramento de decir verdad” de personas que podrían haber participado en las maniobras, al igual que la incautación de documentación, informes respecto de estos sujetos, secuestro de equipos informáticos y valoración de su contenido sin cuidar la cadena de custodia.

El sumario corrobora dificultades para establecer delitos. Por ejemplo, falta de registros de venta de material, remitos y en consecuencia quienes habrían sido los compradores y qué precio pagaron. “En cuanto a las ventas no declaradas de material recuperado, cuyos montos no ingresaron al municipio, (…) no existe certeza aún respecto a todos los montos efectivamente percibidos, ya que no se ha podido precisar todavía la totalidad de ventas efectuadas”.

El sumario da cuenta de un importante desmanejo en el control de ingreso del material reciclable, como a la posterior venta. Zacchino señaló que desde este punto de partida “no se está en condiciones de invocar en contra tanto de (Néstor) Aravena como de (Miguel) Olijnik ninguna planificación tendiente a evitar aquéllos controles; en todo caso, en una hipótesis acusatoria, podrían haberse servido de tal desorden. Pero la situación descripta por la administración municipal aparece más como propia de la puesta en marcha de la Planta, de lo novedoso de su gestión y (probablemente) de la falta de experiencia en ese sentido”.

Según el análisis del fiscal, “el panorama descripto (anómalo o desorganizado) no aparece como atribuible a personas singularmente determinadas sino como una falencia estructural que, evidentemente, ameritará ser corregida si es que ya no se ha corregido”.

FUENTE:
Diario Jornada de Chubut ( Argentina )