Argentina | Córdoba | 20-03-2015
Entrado ya su último año de gestión al frente de la Municipalidad de Córdoba, el intendente Ramón Mestre dejará inconclusa la licitación de uno de los servicios básicos de la ciudad, sobre el que echó mano apenas asumió su gestión. La promesa fue privatizar la higiene urbana de Capital para mejorar la calidad de la prestación. Sin embargo, casi tres años y medio después, los hechos devuelven una foto de la realidad totalmente distinta. En su momento, el radical justificó la privatización de la estatal Crese por el alto costo que le insumía al municipio. Aseguró que, tercerizada la prestación, esos fondos volverían en obras para la ciudad.
Pero el sistema de recolección, barrido y disposición final de los residuos no sólo no mejoró en manos de las privadas Lusa y Cotreco sino que elevó considerablemente el gasto público destinado a ese rubro. Y así será al menos por los próximos dos años debido a que, como no se concluirá con el proceso licitatorio abierto por esta gestión, desde el Palacio 6 de Julio trascendió que los contratos serían prorrogados 24 meses más, quedando el tema pendiente para la próxima administración.
Basta recorrer las calles de la ciudad para advertir las irregularidades del sistema tercerizado y corroborar que el servicio actual nada tiene que ver con el propuesto por la secretaria de Ambiente municipal, Gabriela Faustinelli, en noviembre de 2012 cuando presentó los contenidos para los pliegos de licitación (ver aparte).
El 18 de marzo de 2012, apenas tres meses de asumido en el Palacio 6 de Julio, el intendente dispuso la tercerización de la empresa estatal creada por su antecesor Daniel Giacomino en 2008, a dosempresas privadas. La concesión fue de manera directa (no pasó por el Concejo Deliberante) y se concretó a través de permisos precarios hasta tanto el sistema se licitara definitivamente.
El traspaso fue duramente cuestionado por ediles de la oposición que siguieron de cerca ese proceso. La empresa Lusa, que se quedó con la mitad del servicio prestado en la zona norte de la ciudad, no tenía experiencia en el rubro por lo que su llegada a Córdoba resultó sugestiva para muchos. Sí en cambio, se conoció que su titular era un reconocido empresario del transporte que presta servicio en distintas provincias del país. A través de la creación de la empresa derecolección de residuos, Juan Carlos Romero desembarcó en Córdoba y, un año y medio después, se quedó con un tercio del servicio del transporte urbano de pasajeros.
La oposición le reprochó en su momento además al municipio una serie de beneficios otorgados a las dos privadas: la exención de la tasa que grava la actividad comercial, industrial y de servicio; la venta de 71 camiones a menor costo del tasado; y el compromiso de pagar las indemnizaciones a los empleados cuando pasaran definitivamente a las empresas. También, los contratos porque, entre otros puntos, incluyeron la cláusula gatillo que habilita a las firmas pedir actualización de precios cuando certifiquen subas mayores al 2,5 por ciento en sus costos. El municipio se quedó con la Crese residual para hacerse cargo de las tareas que no harían las privadas, esto también significa una erorgación mensual millonaria para el erario públcio.
Pese a las promesas y a la presentación de un ambicioso sistema para el servicio de higiene urbana de la ciudad, el intendente no pudo cumplir con su objetivo. Finalizará su gestión con una licitación internacional frustrada, con dos contratos que fueron sucesivamente prorrogados y, fundamentalmente, con un servicio más caro y poco eficiente para la ciudad. El pliego se tornó de imposible cumplimiento debido a los elevados costos que implicaría para el municipio, por lo que las empresas debieron presentar mejoramiento de sus ofertas. Eso se tradujo en la calidad de la prestación que, a diario, es motivo de enojo en los vecinos de los distintos barrios.
Desde el Palacio 6 de Julio dejaron trascender que, vencida la última prórroga el 31 de marzo venidero, habrá una extensión de 24 meses más para los dos contratos. Eso habría sido ya acordado con Lusa y Cotreco. El otro punto de conflicto siempre latente es con el gremio de los recolectores de residuos (Surrbac) que conduce el kirchernista Mauricio Saillén. Es que los trabajadores vienen presionando desde hace varios meses, a través de paros y asambleas disfrazadas, para que la Municipalidad efectivice el pago de las indemnizaciones a cada uno de los empleados que tiene el sistema. Pero como el Estado está obligado a hacerlo una vez que el servicio se adjudique definitivamente, posilemente esas indeminizaciones se liquiden antes.
De esa manera, en año electoral, el intendente con aspiraciones a gobernar la Provincia evitaría enfrentamientos con el Surrbac. Un dolor de cabeza menos para Mestre.