Argentina | Córdoba | 23-12-2016

Mestre envió ayer al Concejo su segundo intento por concesionar ese servicio clave. Es la gran deuda de la gestión. Por el Esop, sólo se cotizará la recolección de residuos.
Los concejales de Córdoba realizaron ayer su última sesión ordinaria del año y ya están de vacaciones. Pero se van con un cuaderno de tareas en la mochila: el intendente Ramón Mestre envió ayer al cuerpo los esperados pliegos para un segundo intento licitatorio (el primero fracasó) del servicio de higiene urbana, proyecto que debatirán en extraordinarias desde febrero próximo.

La concesión de ese servicio es la gran materia pendiente de la gestión de Mestre, que apostó por un ambicioso proyecto a fines de 2013, pero luego quedó espantado por las cotizaciones exorbitantes de los oferentes.

Esa licitación quedó en stand by durante dos años y medio, hasta que en junio pasado finalmente se declaró desierto el llamado.

El escenario previo a la nueva discusión legislativa cambió sustancialmente. En julio pasado entró en funciones el Esop (Ente de Servicios y Obras Públicas), que, con 1.154 trabajadores a cargo, tomó las riendas del barrido de calles.
En consecuencia, ahora los oferentes privados se disputarán la recolección propiamente dicha, un ítem de la prestación que demanda más inversión en vehículos, pero muchísimo menos personal.

El presupuesto 2017 del municipio, ya aprobado, prevé destinar unos 3 mil millones de pesos a higiene urbana.

Esa cifra representa el 18 por ciento sobre un presupuesto neto (de recursos corrientes) del orden de los 16.666 millones. Si se consideran aportes especiales de otras jurisdicciones (obras que paga la Nación) el presupuesto total trepa a 20.088 millones de pesos.

Según la oposición, esos 3 mil millones suponen una dedicación al rubro que aumenta un 80 por ciento respecto de 2016.

Piden marcha atrás en suba del boleto y dar voz a los usuarios
El reciente aumento del 37,1 por ciento en el boleto de transporte urbano de Córdoba (pasó de 9,15 a 12,55 pesos) quedó en entredicho legal, a raíz de una acción de amparo que evalúa la Justicia provincial, para definir si otorga o no una cautelar que invalide la suba.

El pedido fue formulado por la Fundación Club de Derecho Argentina, a través del abogado Federico Macciocchi, y el particular Daniel Fernández, quienes consideran que la suba se dio sin participación de los usuarios, y que, por tanto, debería anularse.

Según ellos, la Constitución Nacional, la provincial y también la Carta Orgánica municipal contemplan que se escuche a los vecinos. También invocan el freno que la Corte Suprema puso a la suba de la tarifa del gas, por no haber realizado audiencias. El aumento se aprobó en el Concejo a simple mayoría de votos. Pero los amparistas critican que eso pasa por la mora de los ediles en reglamentar las instancias de participación de los usuarios.

FUENTE:
La Voz del Interior ( Argentina )
Rubén Curto