El concejal Leandro Altolaguirre advirtió que insistir con el uso de un horno pirolítico sería “un gasto inútil” para la ciudad de Santa Rosa.
Y apuntó que el pedido que realizó el intendente Francisco Torroba en noviembre de 2010, de financiamiento para un horno y un autoclave, “ya está desatualizado, quedó obsoleto por la evolución de los hechos”.
Altolaguirre impulsa la no incineración en Santa Rosa. Es una postura que tiene 17 años, desde el momento que el ex intendente Oscar Jorge y el gobierno de Rubén Marín anunciaron en el año 1994 la instalación de un horno pirolítico.
El horno se apagó luego de un grave incidente: hubo una explosión y la liberación de las llamas que desataron un incendio. Posteriormente el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza donde se prohibe la incineración, proyecto votado por unanimidad.
Pero en esa ordenanza se dejó una excepción, lo que lleva a Altolaguirre a insistir en que se tome la decisión política de no incinerar más. Porque aun queda en pie el pedido del intendente Torroba al gobernador Jorge para la compra de un horno.
“A los santarroseños nos saldrá carísimo seguir con la incineración”, sostiene el concejal Altolaguirre. Y explica porque no se puede sostener el pedido del intendente. “Torroba presentó un pedido de financiamiento del horno pirolítico y de autoclave. En total 2,5 millones de pesos. Pero lo más caro es el horno, que sale 1,8 millones de pesos. Es decir el 70 de ese dinero. Y ahora Santa Rosa prohibe la incineración. ¿Para qué vamos a gastar esos recursos en un horno pirolítico?”, remarcó.
Por eso Altolaguirre señala que sería “un gasto inútil”.
“El Concejo Deliberante acaba de prohibir la incineración. Hay una excepción que son los residuos anatómicos y cadavéricos de origen animal o humano”, indica Altolaguirre. Pero esa excepción no significa que obligatoriamente se tengan que incinerar.
“Quedará una parte mínima para incinerar, pero se pretende hacer un gasto de 1 millón ochocientos mil pesos”, dijo el concejal. Remarca que esos residuos de origen cadavéricos puede tratarse con el crematorio. “Lo hacen otra ciudades, como la ciudad de Buenos Aires”, agregó.
El crematorio de Santa Rosa en la actualidad está subutilizado, ya que solo se prende una o dos veces por semana. Usar incineración es mucho más costos: “requiere más gasto, medidas de seguridad. Tratar residuos peligrosos es cinco a diez veces más caro que los residuos domiciliarios”, remarcó.
Nuevo contrato
El concejal radical anticipó que ya existe un acuerdo politico sobre qué debe pesar en el nuevo contrato, si se firma, para el tratamiento de residuos patológicos entre Santa Rosa y la provincia. “Los concejales acordamos que la ciudad no pague ni un peso por kilo tratado”, remarcó.
Recordó que el contrato actual es “leonino”. “Le dieron a Santa Rosa el horno y después dejaron la parte operativa para la ciudad. Mientras estuvo el mismo signo político, la plata llegaba por otro lado. Pero ahora lo pagan los vecinos de Santa Rosa. Son residuos que tienen que estar a cargo de Salud Pública”, enfatizó Altolaguirre.
Residuos “éticos”
Otras de las propuestas de Altolaguirre es establecer un tratamiento para los llamados “residuos éticos”.
El concejal explicó que “con la denominación de residuos éticos y/ o estéticos, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, se refieren a las piezas anatómicas (de biopsias y necropsias), las amputaciones y los fetos. En algunas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo este criterio, tales piezas se disponen en el Cementerio, y reciben el tratamiento de cremación. Por lo tanto, está prohibido su descarte como residuo patogénico”.
Estos residuos deberían tener un señalamiento, una indicación.
Por otra lado, sostiene que este tipo de residuos patológicos deberían tener una inscprción, con una declaración sobre su origen.
“Es una forma de controlar. Porque se puede meter cualquier cosa en la bolsa de residuo patoógicos y no saber qué es. Y nadie podría controlar ya que no se abren, por una cuestión de bioseguridad”, señala. Puso un caso extremo: “alguien podrìa descuartizar una persona y meterlaen bolsas y terminaría como residuo patológico. O como ocurre, que aparecen fetos. No se puede hoy saber si es uan intervención legal o si es resultado de una aborto ilegal”, explicó el concejal.
El Diario de La Pampa (Argentina) 18-04-11