Un negocio que empezó a armarse en el 2005 y terminó de diagramarse con un decreto del 20 de julio pasado crujirá antes de ver la luz. Se trata del transporte y el destino final de la totalidad de los residuos patológicos producidos en la provincia.
El Gobierno de Jaque lo adjudicó, pero ahora ese acto debe ser homologado por la Legislatura, adonde ya se levantaron voces en contra cuando todavía no se trata el texto de la adjudicación. En la Casa de las Leyes entraron algunos reclamos de clínicas privadas, y los senadores Abel José (UCR) y Carlos Aguinaga (PD) plantearon sus reparos.
La implementación y la operación de un nuevo sistema por parte de un monopolio encarecerá casi 300% el gasto actual de los productores de este tipo de residuos: los hospitales públicos, las clínicas y sanatorios, y los consultorios que practican tratamientos que involucran residuos.
De los $3 en promedio que hoy se paga por kilo de desecho patológico, se pasará a pagar $11, siempre y cuando se respete la suma fijada en la oferta para la licitación sin pedir actualización. Según pudo averiguar Diario UNO, los generadores de este tipo de desechos en la provincia de Buenos Aires que más pagan por este servicio desembolsan unos $5 por cada kilo de residuo que se sacan de encima. Se trata de uno de los sitios más caros del país para este servicio.
En la licitación diseñada por el gobierno de Julio Cobos y adjudicada por Jaque se construyó un negocio monopólico de más de 350 millones de pesos en un lapso de diez años. La empresa que resultó favorecida con la adjudicación es una UTE controlada por Pescarmona, a través de Tysa, la firma con la que hasta hoy explota la fase final del negocio. Es decir, se encarga de enterrar los residuos hospitalarios recogidos y transportados por otras cinco empresas que tienen a cargo esa función.
Como el método actual es considerado peligroso, por la contaminación ambiental, se previó el cambio a uno más moderno y efectivo. Y también mucho más costoso para los operadores de Salud tanto públicos como privados.
Al final de la licitación llegó solamente la UTE integrada por Tysa y Lacef, una empresa de capitales multinaciones perteneciente al grupo Deltacom. Mientras, Pescarmona en Mendoza tiene capacidad de logística para el levantamiento en la puerta de los generadores de los residuos y para la construcción de una planta de tratamiento como la requerida en la legislación confeccionada en el 2005.
El proceso licitatorio, iniciado durante la gestión de Gustavo Morgani en Ambiente, durante la gobernación Cobos, atrajo a tres oferentes. Sin embargo, una serie de impugnaciones a las que el Gobierno de Jaque les dio crédito dejó a la UTE integrada por Pescarmona como exclusiva aspirante al negocio.
La cualidad monopólica del nuevo operador fue motivo de una demanda administrativa por parte de una de las empresas que actualmente prestan el servicio de recolección. Y es sostenida por la empresa Respat, una de las cinco recolectoras. Lleva las firmas del presidente Mauro Sáenz y del director Carlos Pérez Regazzon.
El objetivo de la demanda es que se detenga la adjudicación y se replantee el negocio. De no hallar respuestas en el ámbito administrativo, los empresarios dejaron sentado en la presentación realizada que acudirán a la Justicia.
Otra firma que recolecta hoy y se opone a la monopolización decidida por el Estado es AB Control, aunque ésta directamente recurrió a la Legislatura con el planteo.

Incluye la construcción de una planta de tratamiento
El secretario de Ambiente de la Provincia, Guillermo Carmona, defendió la adjudicación del sistema de recolección y tratamiento de residuos hospitalarios a la UTE Tysa-Lacef. Advirtió que la etapa del proceso licitatorio que transcurrió durante la gobernación de Jaque no tiene puntos negros y no dudó en que la Legislatura “aprobará la concesión”.
Carmona justificó el incremento del costo para los generadores en que se pondrá en marcha un sistema mucho más higiénico que el actual. La concesión implica, además de la operación del sistema, la construcción de una planta de tratamiento.
Esa infraestructura se hará en un lote fiscal ubicado en Las Heras que fue cedido por el Gobierno provincial para el desarrollo del emprendimiento. El costo que genere la construcción de la planta para la concesionaria será amortizado por los usuarios del sistema durante los diez años de duración del contrato.
Ése es uno de los atenuantes de Carmona para justificar el costo del servicio a cargo de la nueva licitataria. En la Secretaría de Ambiente se aferran a la efectividad y la limpieza del nuevo sistema, contra las críticas.
Consideran que “es una solución a un problema histórico de la provincia que no había sido resuelto. No se podían seguir enterrando los residuos hospitalarios como hasta ahora”, esgrimió un técnico de la repartición que se desempeñó también en la gestión de Gustavo Morgani, en el gobierno de Julio Cobos.
“Se hizo un trabajo muy importante para confeccionar el pliego y la licitación demandó un tiempo prudencial, para darles posibilidades a todos los interesados”, agregó el especialista del Estado. Carmona, por su parte, resaltó que la empresa Respat, que ahora demanda la suspensión de la adjudicación por la vía administrativa, no hizo ninguna objeción en la etapa licitatoria.
Para el secretario de Ambiente, “no hay nada que resarcir” a las empresas que actualmente recogen los residuos de clínicas y hospitales. Mientras, las quejas de las firmas que expusieron formalmente sus objeciones cuestionan que el monopolio que resultó adjudicatario infló los costos de operación, elevando por encima de los precios de mercado el servicio para los usuarios.
Además, plantearon su rechazo a que las cinco empresas transportistas que aún tienen contrato con el Estado no sean indemnizadas o reconsideradas para encabezar algún tramo del sistema.

Diario Uno (Argentina) 04-09-09