El Parque Provincial Aconcagua cumplirá 30 años de existencia, y en este balance obligado debemos considerar que el área protegida se encuentra altamente amenazada por diversos factores.
El Parque Provincial Aconcagua (PPA) fue creado por un decreto-ley en abril de 1983 . Tiene poco más de 65.000 ha., de las cuales solo una pequeña porción puede visitarse; sin embargo, una serie de problemas amenazan la integridad ecológica de esta reserva que es el emblema de todo el sistema provincial de áreas protegidas.
Para comenzar, el PPA no posee Plan de Manejo. Este es un documento que concentra no solamente el conocimiento acerca de las características ecológicas del área protegida, sino que brinda la estrategia de conservación sobre la cual deberá basarse toda política de preservación de los bienes naturales y culturales. Es decir, para hacer eficiente los esfuerzos de conservación, es fundamental contar con una herramienta que oriente las acciones hacia los objetivos que marca la ley. Este Plan de Manejo permite organizar las acciones de conservación, educación, investigación y recreación que puede brindar un área protegida, y sin este documento, no es posible planificar ni gestionar acciones que permitan mantener o mejorar el estado de la misma. ¿Por qué el PPA no posee un plan de manejo? Es inexplicable que después de 30 años suceda esto, ya que la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) posee los recursos financieros y técnicos como para encarar su elaboración . En su lugar, la Dirección de Recursos Naturales Renovables (la autoridad de aplicación) utiliza los llamados Reglamentos de Uso que regulan los usos principales (básicamente las actividades de escalada y trekking), que sin la información científica de base transforma cualquier acción en improvisada y carente de una orientación estratégica. Lo curioso es que gracias a este mecanismo de regulación, la repartición oficial evita que los planes de manejo deban ser evaluados por los organismos científicos –específicamente por el IADIZA como marca la ley 6045/93- y solo basta una resolución de la repartición para que estos planes tengan vigencia, lo cual es un despropósito desde todo punto de vista. Hoy por hoy, es posible tener un plan de manejo sin necesidad de recurrir a un préstamo del BID como se pretende hacer, con solo apelar a todos los recursos financieros y técnicos disponibles, y sí sería importante utilizar ese dinero para mejorar el resto del sistema que cuenta con exiguos presupuestos para su funcionamiento. También es preciso aclarar que la visión que sostienen los científicos del CONICET respecto del manejo de un área protegida difiere de la que propugnan los técnicos y funcionarios políticos, con lo cual todo proceso que intente arribar a un acuerdo será infructuoso mientras estas diferencias se mantengan. Este es solo uno de los problemas que actualmente afectan al parque provincial y condicionan su futuro.
El PPA tampoco tiene una definición precisa de sus límites, más allá de lo que dice su norma de creación. Es obligatorio realizar la mensura de las áreas protegidas, según establece la ley 6045/93 que crea y establece prescripciones de conservación y manejo sobre el sistema de áreas naturales protegidas, y para ello destina fondos que surgen de una cuenta especial, que constituye el Fondo Permanente del Sistema de Areas Naturales Protegidas, pero ningún organismo público provincial puede aportar una mensura oficial sobre el PPA. Actualmente, este sitio es disputado entre el gobierno provincial y el Ejército Argentino, que reclama tales tierras .
¿Quién maneja el Parque Provincial Aconcagua?
El Decreto N° 1034/89 crea la Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua, cuyos objetivos van desde recomendar la zonificación del área natural protegida hasta la construcción de infraestructura y la regulación de actividades, y está formada por organismos públicos, científicos, deportivos y otros. Pero esta Comisión funcionó en forma intermitente hasta 1999, y con la llegada de la gestión del Gobernador Roberto Iglesias fue disuelta.
Mientras tanto, cuestiones tan relevantes como las anunciadas y otras adicionales son decididas unilateralmente por la autoridad de aplicación. De hecho, ni siquiera el Consejo de Areas Naturales protegidas creado por la ley N° 6045/93 está en funcionamiento, sin bien es cierto que la autoridad se comprometió a ponerlo en marcha, luego de casi 15 años de inactividad, habiendo realizado encuentros preliminares, en los que OIKOS participó de algunas comisiones.
Sin el Consejo Provincial de Areas Protegidas, sin la Comisión Asesora Permanente en funcionamiento, sin el Plan de Manejo ni Planes de Gestión, solo con el reglamento de uso, el Parque Provincial Aconcagua solo es manejado de manera casi intuitiva por el Cuerpo de Guardaparques y un puñado de técnicos, con la ayuda de la patrulla de rescate y del cuerpo médico, quienes con buena voluntad intentan salvar a las áreas protegidas del desastre, ya que ante la falta de planificación, toda actividad que intente gestionar algún bien natural o cultural se vuelve improvisada, aunque haya profesionalismo y vocación de servicio, como sucede con muchas de las personas que forman parte de estos organismos. Pero como todo esto resulta insuficiente, el patrimonio natural y cultural queda en manos de la buena voluntad de los montañistas, sean estos pertenecientes a las empresas que operan en el parque o trabajadores del Estado. El Parque Aconcagua está huérfano de políticas públicas.
Una perlita, esta Comisión Asesora Permanente del Parque Aconcagua -según el decreto fundacional- debía crear una biblioteca, museo y centro de información sobre el Cerro Aconcagua y la Alta Montaña de la Provincia de Mendoza, recopilando y mostrando las evidencias históricas, científicas, literarias y todo aquello que hiciera al disfrute y la reflexión de parte de los visitantes. Han pasado 23 años de aquella norma fundacional y aún nadie ha encarado seriamente el cumplimiento de esta obligación legal. La autoridad provincial ha dicho recientemente que se relanzará la Comisión Asesora Permanente, con nuevos miembros y funciones renovadas.
¿Para qué sirve el Parque Provincial Aconcagua?
Más allá de las extensas y detalladas funciones que establece la ley provincial N° 6045/93 sobre las áreas protegidas, podríamos resumirlas en cuatro: la conservación como prioridad, la investigación científica, la recreación y la educación ambiental. Y hago énfasis en la función prioritaria, ya que de la adecuada estrategia de conservación del patrimonio natural y cultural dependen el resto de las funciones. Y en el PPA –desde la perspectiva de OIKOS- la conservación, la educación y la investigación han dejado paso a la idea de maximizar el beneficio económico a partir del turismo, con lo cual existe un peligro real sobre la calidad del patrimonio natural del parque, en el caso que las actividades turísticas sean mal manejadas. OIKOS en 2006 inició una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo provincial, debido a que la autoridad –con la complicidad de algunas empresas turísticas- permitía el ingreso de escaladores a un sector prohibido del parque, a cambio de US$ 500 por cada visita. El amparo se resolvió rápidamente a favor de nuestra institución y ese sector del parque volvió a ser protegido, pero esto no disminuyó el interés de las autoridades por poblar el parque de visitantes. En 2007 el gobierno provincial inauguró un camino pavimentado desde la Ruta Nacional N° 7 hasta el puesto de guardaparques junto a Laguna de Horcones, sin la correspondiente aprobación ambiental , provocando un grave daño ambiental a la flora, la fauna y el paisaje. Nuevamente OIKOS intentó evitar el daño, pero los intereses electorales, sumado a la compulsión de las autoridades para incumplir la ley, lograron su objetivo y el camino se construyó finalmente. Las autoridades se comprometieron a reparar el daño ambiental y a realizar una remediación del viejo camino, ahora inutilizado. Por supuesto que no cumplió su promesa . Una vez llegado el nuevo gobierno en diciembre de 2007, sus autoridades pidieron tiempo para adecuarse a la situación. Sin embargo, y con la justicia como coadyuvante necesario, la acción de amparo se ha prolongado en el tiempo sin haber resuelto la cuestión de fondo y perpetuando el daño al patrimonio natural, disminuyendo la calidad ambiental del área en general. A esta altura una anécdota, en ese amparo judicial solicitábamos entre otras cosas la elaboración del plan de manejo. Con esta situación, el número de visitantes se disparó y en la actualidad llega a más de 130.000 personas por temporada de verano solo en la zona de Horcones, número que es imposible manejar porque no existe ni la suficiente cantidad de profesionales ni la infraestructura y equipamiento necesarios para hacerlo. Y para rematar, en la última temporada las autoridades, a instancias de algunas empresas interesadas, habilitó mediante decreto la creación de nuevos campamentos base, sin que se hubiese realizado evaluación ambiental alguna. Advertidos de la situación, OIKOS se movilizó para evitar tal irregularidad, logrando que la Dirección de Recursos Naturales Renovables emitiera una resolución condicionando la creación de estos campamentos permanentes a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y si bien se logró detener esta arbitrariedad, será necesario prestar atención para que todas las actividades vinculadas a la apertura de nuevas rutas de aproximación o escalada estén estudiadas y se autoricen tal como las leyes lo establecen. No estamos en contra del aumento de visitantes en el área, sino a que éste se haga sin los estudios necesarios que garanticen la preservación de los valores ecológicos y culturales que posee el área protegida.
La situación en los campamentos tiene similares características. En el año 2002 ingresaban unos 5.932 visitantes a los campamentos base y los de altura, en su mayoría escaladores con intención de hacer cumbre, y una pequeña porción para realizar otras variantes deportivas. En el año 2012 esa cantidad era cercana a los 7.000 visitantes, y si bien en este último año la cantidad de ingresantes disminuyó, las autoridades buscan aumentar su número, ya que la recaudación del Parque Aconcagua representa casi la totalidad de la recaudación total y mantiene al resto de las reservas. Ya hace mucho tiempo que el gobierno provincial no asigna presupuesto a las áreas protegidas, excepto los salarios de los guardaparques de planta permanente, a pesar de estar obligado por la ley provincial N° 6045/93. A todo esto, el dinero recaudado es invertido sin evaluar la eficiencia del gasto, y al solventar los gastos del resto del sistema sin que se conozca el destino específico del gasto, probablemente también financie actividades que no están relacionadas con las mismas sino con la actividad general de la repartición pública. Desde hace varios años y varias gestiones de gobierno, OIKOS y otras organizaciones piden a las autoridades que entregue la información correspondiente a la pauta de gastos detallada para el mantenimiento del sistema de áreas naturales protegidas, sin ningún éxito hasta el momento.
Recordemos que hace algunos años un Director de Recursos Naturales Renovables fue imputado de fraude a la administración pública por desviar gastos hacia fines personales y otros gastos no autorizados por la ley. Por ello es necesario que las autoridades transparenten el proceso de compras y gastos referidos a las áreas protegidas así como del resto de las actividades que realiza el Estado, para poder entender como, por ejemplo, pasamos en apenas un par de años de tener un sistema superavitario debido a la recaudación (al menos así declamado), a otro deficitario y que apenas puede mantenerse. Quizá el problema no sea la falta de dinero, sino su asignación defectuosa. Pero sin esta información clave es imposible llegar a una conclusión objetiva.
¿Helicóptero o mulas?
Históricamente el ascenso al Cerro Aconcagua se realizó con la ayuda de los mulares, que trasladan las cargas hasta los llamados Campamentos Base, aliviando el esfuerzo de los escaladores que concentran todas sus fuerzas en alcanzar la cumbre. Guardaparques, rescatistas y otras actividades que se instalan cada temporada utilizaron las mulas para trasladar sus equipos. El rescate de los escaladores accidentados o con problemas de salud era realizado por el Escuadrón Lama de la Fuerza Aérea, y las proezas realizadas para rescatar personas heridas y evacuarlas a sitios más seguros son incontables. Pero con la llegada de aeronaves con tecnología más avanzada y la necesidad de brindar más y mejores servicios a los visitantes, hace más de diez años el Gobierno Provincial comenzó a rentar helicópteros de empresas privadas, primero para las tareas de evacuación, luego para el traslado de cargas esenciales y desde hace unos años, también para el traslado de personal de guardaparques y otros servicios. Una de las argumentaciones esgrimidas hasta la actualidad es que el impacto ambiental del helicóptero es menor que el ocasionado por las mulas al trasladar la misma carga y el mismo número de personas, tema que aún debe estudiarse. Sin embargo, hecha la ley hecha la trampa, ya que el Estado Provincial, sin cumplir con los procesos administrativos ni contar con la actuación de la Comisión Asesora Permanente, le permite a la empresa realizar vuelos privados para el traslado de turistas y visitantes en general dentro del parque. Lo inusitado de esta medida es que ha sido convalidada mediante los decretos firmados por la autoridad de aplicación que establecen los reglamentos de uso. Ergo, y como contratar un helicóptero con personal experto para vuelos en la montaña no es lo mismo que contratar a un vehículo convencional, la empresa prácticamente pone sus condiciones, ya que si no trabaja para el Estado puede hacerlo para empresas privadas como mineras u otras que requieren traslados para su personal a sitios inhóspitos. Y el Estado debe contratar muchas horas de vuelo por temporada para que a la empresa le resulte redituable, y además permitirle que haga un “bonus” trasladando turistas dentro del parque, con tal de no perder un servicio que se considera esencial. La hora de helicóptero se cotiza a $ 13.000.- , cuando en 2004 costaba poco más de $ 5.700.-
Ahora ¿es esencial este servicio para mantener el área protegida en funcionamiento?. Las autoridades manifiestan que sí y dan como razones que el área protegida mejora su imagen disponiendo de un sistema de rescate aéreo, que se salvan vidas al realizar evacuaciones rápidas, que el impacto ambiental es menor en relación a la presencia de mulares y otros argumentos. Pero resulta que, si bien uno supone que estas afirmaciones son ciertas, verdaderamente no se sabe si es absolutamente real, ya que nunca se estudió el tema con seriedad. Y esperamos que nunca haya un accidente donde un particular salga herido y decida demandar al Estado por negligencia, porque entonces deberemos costear la mala fortuna con nuestros bolsillos.
Pero supongamos que los argumentos esgrimidos por la autoridad de aplicación son válidos. Aun así, ¿es necesario gastar más de tres millones de pesos cada año para brindar este servicio, siendo que podrían existir otras alternativas eficientes y menos onerosas? Por ejemplo, con lo que la Dirección de Recursos Naturales Renovables gasta en la contratación, quizá se podría pagar la compra a plazos de un helicóptero de similares características, que además serviría para otros usos como el traslado de enfermos desde sitios inhóspitos a los centros de salud, traslados de órganos para trasplante, traslado de personal para combatir el fuego, o para inventariar glaciares o monitorear el estado de los bosques nativos, que son actividades para las cuales el gobierno provincial debe contratar necesariamente este tipo de servicios. También podría haber sido utilizado para trasladar personas ante desastres naturales como el acontecido en la montaña hace poco tiempo, y hasta para usos relacionados a la seguridad pública. En resumen, un helicóptero de propiedad de la provincia sería una inversión segura frente a la contratación de empresas privadas que monopolizan el mercado. Y en todo caso, siempre estarán disponibles los helicópteros de la Fuerza Aérea, quizá con prestaciones limitadas, pero suficientes para la mayor parte de las actividades necesarias dentro de un área protegida como el Aconcagua. No se discute aquí que el helicóptero brinda un servicio útil para las personas evacuadas y el personal del área protegida, lo que se cuestiona es su uso para otras actividades que bien podrían ser reemplazadas por mulares (como bajar los residuos hasta la entrada del parque) o reducidas a fin de ocasionar un menor gasto por parte del Estado. Indudablemente, es necesario hacer una evaluación económica sobre las ventajas de adquirir una aeronave frente a los onerosos pagos anuales que se vienen realizando.
Y respecto de los mulares, un trabajo realizado por el gobierno indica que el impacto ambiental negativo dentro del parque es relevante, sin embargo cuando se analiza el método de cálculo y las variables consideradas, se advierten errores metodológicos que provocan un notable sesgo. Si bien las mulas pisotean los frágiles suelos de la zona y defecan en el área protegida, ocasionando impactos en la flora y en los suelos, además de alterar las poblaciones de fauna silvestre ya que la comida que se trae desde fuera del parque para alimentarlos promueve el aumento de las poblaciones de roedores en la zona de alimentación, también es cierto que se trata de un uso histórico, que además promueve empleos. Hasta el momento, y sin desconocer que la presencia de mulares podría afectar los recursos naturales del parque, no encontramos la manera en que se calculó este impacto, sobre todo porque al día de hoy no existen más de 700 mulares en toda la región, incluyendo las pertenecientes al Ejército Argentino que pastan en la zona, mientras que dicho estudio indica que el impacto es el equivalente al provocado por 19.000 mulares. Desde OIKOS esperamos que este estudio no haya sido elaborado solo para convalidar la presencia del helicóptero, y deseamos que forme parte de un estudio mayor que pueda establecer algunas certezas sobre este tema.
Los residuos en el Parque Provincial Aconcagua
Los miles de escaladores al cerro Aconcagua y los demás visitantes del parque dejan su huella de varias maneras. Además de la compactación del suelo por el pisoteo cotidiano, su presencia origina varias toneladas de residuos, entre los que contamos los residuos de las expediciones, incluyendo los restos de comida desechada, las excretas sólidas y líquidas y otros tipos de residuos caracterizados como “especiales”. Tal cantidad de residuos necesariamente debe ser gestionada adecuadamente, para lo cual debería existir un sistema de clasificación, tratamiento biológico o térmico según la zona del parque donde se originen, y su traslado para disposición final. Todo esto debe complementarse con baños químicos o de otra tecnología que brinden adecuada contención de los efluentes y excretas sólidas. Nada de esto ocurre allí. Los campamentos de aproximación y los campamentos base poseen letrinas con cámaras sépticas, que usualmente desbordan y vuelcan sus líquidos al terreno, o despiden nauseabundos olores que ni el viento de la montaña logra disipar con éxito. La presencia de los baños, más las zonas cercanas de alimentación de los escaladores, también atrae a especies de la fauna silvestre que se alimentan de los restos, lo cual es un impacto relevante para un área protegida. Y si hablamos de residuos, basta con ver imágenes de los campamentos de altura, donde no llega el personal de guardaparques, para darse cuenta del estado de abandono y suciedad, muy lejos del espíritu grande que promueven las autoridades.
¿Cuál es el futuro del Parque Provincial Aconcagua?
Los diversos factores que presionan los ecosistemas del parque, sumados a la influencia del cambio climático que en nuestra región pronostica menores nevadas en la cordillera, provocan preocupación sobre el futuro de este sitio y de toda la Cordillera en su conjunto.
Un escenario de mayor cantidad de visitantes cada año, menor inversión en infraestructura y personal, alteraciones climáticas, deterioro ambiental provocado por la sobreexplotación, falta de planes de manejo y de ejecución de políticas de conservación, educación, investigación y recreación, son un caldo fatal para los valores ambientales que se intentan proteger, por eso es necesario tomar medidas urgentes para proteger este símbolo de los mendocinos y resguardar sus valores naturales y culturales para las generaciones venideras.
Por ello, OIKOS solicita a las autoridades, que establezcan un cronograma de trabajo que contemple las siguientes acciones:
– La elaboración del Plan de Manejo del Parque Provincial Aconcagua, donde se contemple no solamente el relevamiento de los bienes naturales y culturales presentes en el área, sino las prescripciones de manejo específicas que regule de manera adecuada los usos permitidos dentro del mismo, con los programas de manejo correspondientes a los recursos naturales estratégicos, al uso público y de gestión de riesgos;
– La zonificación de los campamentos de altura, para ordenar las áreas de campamento, baños y otras y disminuir el riesgo de contaminación;
– La remediación del viejo camino de acceso a la laguna de Horcones, como parte de las tareas de recomposición ambiental del proyecto vial de 2007;
– La elaboración de estudios de impacto ambiental sobre la tecnología de los nuevos baños instalados en Plaza de Mulas y la evaluación del funcionamiento de los baños en Confluencia;
– La elaboración de los correspondientes estudios ambientales y del sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de las antenas de telecomunicaciones ubicadas dentro del área protegida, tal como lo establece el Anexo 1 de la ley 5961/92;
– La elaboración de estudios ambientales que justifiquen la pretensión de instalar nuevos campamentos base en Casa de Piedra y Pampa Amarilla;
– El establecimiento de un protocolo de evacuación de escaladores accidentados para el caso de hacerlo con helicóptero, a fin de establecer claramente si corresponde hacerlo por esta vía o si existen alternativas menos costosas para el Estado Provincial y los propios escaladores. Asimismo, solicitamos se informe acerca del detalle de las evacuaciones, incluyendo las patologías que dieron origen a la decisión de evacuar;
– Que la autoridad de aplicación informe de manera fehaciente cuáles son las prestaciones que brinda por el pago del permiso de ingreso al área protegida, de manera tal de conocer con mayor detalle los verdaderos costos de los mismos;
– La organización de campañas de limpieza en refugios de altura, así como la gestión de los pasivos ambientales ubicados en Plaza de Mulas;
– La reevaluación de la tecnología utilizada para los baños en la zona de Confluencia (tanques sépticos), debido a la posibilidad de desborde y vuelvo de los efluentes en la misma zona donde se ubica el área de comida y dormitorios, y la reparación de los conductos que proveen de agua a la zona;
– Se provea información discriminada sobre la cantidad de horas de vuelo del helicóptero utilizadas en las últimas cuatro temporadas para evacuaciones, traslado de cargas y personal, así como también los traslados de visitantes;
– La evaluación del uso de agroquímicos para combatir roedores en los refugios, la instalación de estructuras que favorezcan el refugio de estos animales en los campamentos, la evaluación del uso de equipos electrógenos para minimizar el impacto negativo de los motores a combustión.
