Mientras algunos celebraron la orden judicial de cerrar la planta de disposición final de residuos de Pacará Pintado; otros, en cambio, no están para festejos con la decisión de la Justicia provincial.
Los vecinos y productores autoconvocados de la localidad de Overa Pozo se declararon ayer en estado de alerta, según lo hicieron saber, a través de un documento público. "Somos conscientes de que la decisión judicial que establece el cierre de Pacará Pintado precipitará indudablemente el traslado del basural a nuestra zona, donde producimos y vivimos, con el mismo nivel de contaminación que padecieron y padecen los vecinos de San Andrés", señalaron.
En el escrito, los vecinos advirtieron con ironía que la concesión de la disposición final de la basura tiene mal olor. "Los que se benefician con este negocio llegaron a sostener que ’el río contamina al basural’, a partir de ahora -insistieron los productores- tememos que nos culpen de que la caña de azúcar o nuestra respiración contamina al basural a cielo abierto de Overa Pozo".
Entre los firmantes del documento aparecen Fernando Vidal, Esteban Cabrera, Albino Rodríguez, Isabel Villagra y Pablo Romero. "Si hubo demoras para confirmar la contaminación del Río Salí, el embalse de Río Hondo y el posterior Río Dulce, que son aguas superficiales, mayor será el tiempo para verificar, aceptar y comprobar el daño que causará a la cuenca de agua potable de Isca Yacu, al tratarse de ríos subterráneos, que nadie los ve, pero nosotros y muchos santiagueños vivimos y desarrollamos nuestra actividad gracias a esas aguas", explicaron.
En Tribunales
Tal como dio a conocer LA GACETA, los vocales de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Avila, ordenaron el miércoles el cierre de Pacará Pintado, al concluir que las actividades en ese predio sí contaminaron el medio ambiente.
Los magistrados revocaron un fallo de primera instancia, mediante el cual se rechazaba una acción de amparo colectivo interpuesta en 2007 por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Tras la apelación, los camaristas resolvieron hacer lugar al amparo.
A su vez, ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en la planta en un plazo de ocho meses, desde el momento en que la sentencia quede firme. Igualmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar. Sin embargo, el jueves, firmaron un fallo aclaratorio. En la resolución, ratificaron la orden de clausura de la planta, pero permitieron a la empresa que presente en un plazo de 10 días un "plan de cierre y disposición final de los residuos sólidos urbanos".
Respecto de la sentencia, el Secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán, aclaró que la Provincia no dispone más residuos en Pacará Pintado desde el 1 de octubre, cuando se habilitó el predio de Overa Pozo.
En cuanto a la orden de clausura de la planta, consideró que eso no afectará el servicio de separación de la basura, que hoy se presta en esa planta. "Entendemos que la Justicia habla de la disposición final, no habla para nada de la estación de transferencia. Interpretamos que, desde el punto de vista de la cautelar, la causa se inició para que se dejen de disponer los residuos en ese lugar. Y eso es lo que se dejó de hacer en octubre", precisó.
Las responsabilidades
La polémica repercutió en el Concejo Deliberante de la capital. El edil Claudio Viña (FR) dijo que el problema más grave se lo trata con absoluta liviandad. "Resulta poco menos que una burla a la ciudadanía y especialmente a los vecinos del basural de Pacará Pintado, que el intendente, Domingo Amaya, haya ido al exterior a disertar nada menos que sobre ’sustentabilidad ambiental’ en un foro en Estados Unidos", dijo.
Por otra parte, Viña remarcó que Amaya y Montalbán son los responsables directos por el daño ambiental. "Resulta irrespetuoso para con la Justicia, que Montalbán salga a contradecir lo dispuesto en la sentencia, y venga a aconsejar los caminos a seguir. Es otro de los responsables que hoy tengamos esas gigantescas montañas de desperdicios a cielo abierto, que no debió haber dejado acumular", afirmó.
Pedido de Avignone al gobernador
El edil de la capital, José Luis Avignone (UCR), pidió al gobernador, José Alperovich, que de por finalizada la concesión a la firma "Servicios y Construcciones La Banda SRL" para la disposición final de la basura. Fundamentó su planteo debido a la situación judicial de Mario Criado, gerente de esa empresa. "¿Cómo se explica que una persona que está procesada, todavía goce de la confianza de las autoridades?, se preguntó.
La Gaceta (Argentina) 24-11-10
