“Cinco años después los porteños y porteñas estamos en condiciones de afirmar que el sistema goza de una ineficiente y paupérrima calidad de recolección de los residuos a la luz de los severos incumplimientos gubernamentales que, lejos de propender a la formación y capacitación en oficios, los convierte en engranajes de una cadena de producción cuyo rasgo central es la opacidad en su financiamiento y la informalidad de los trabajadores.”
En el marco de la leyes N° 992 de “Recuperadores Urbanos” y 1.854 de “Basura Cero” se puso en funcionamiento a partir de 2009 desde la Ciudad de Buenos Aires el denominado “Centro Verde” situado en el barrio de Barracas donde se recibe el material reciclable de los contenedores de la cuadrícula Alsina, y del micro y macro centro porteños. Materiales como cartón, papel, metales, nylon, plásticos y botellas representan cientos de toneladas de insumos que por mes son vendidas a recicladores que pertenecen en su gran mayoría a la provincia de Buenos Aires.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Púbico informa en la website de la Ciudad la existencia de tan sólo 300 recuperadores formalizados a través de las Cooperativas. Se señala que los trabajadores están debidamente documentados y registrados y que son controlados por personal de la ciudad. El propio Jefe de Gobierno Mauricio Macri allá por 2008, le explicaba a la prensa que el Plan de Recuperadores Urbanos contemplaba el empadronamiento, la identificación mediante credencial y la asignación de un recorrido fijo, la entrega de uniformes y carros con identificación – dotados con luces refractivas para la circulación nocturna -, la construcción de una playa de almacenamiento de carros y servicios de camiones, el boleto cartonero, la separación de origen de los residuos, la frecuencia de recolección pautada con los vecinos, la aplicación de multas para los incumplimientos en la clasificación de materiales en las veredas públicas y la prohibición de trabajadores menores de edad (18 años). Todo esto, simbolizaba el Programa de los Recuperadores Urbanos.
Cinco años después los porteños y porteñas estamos en condiciones de afirmar que el sistema goza de una ineficiente y paupérrima calidad de recolección de los residuos a la luz de los severos incumplimientos gubernamentales que, lejos de propender a la formación y capacitación en oficios, los convierte en engranajes de una cadena de producción, cuyo rasgo central es la opacidad en su financiamiento y la informalidad de los trabajadores.
Lo cierto es que hay una masa de trabajadores no registrados, esperando equiparación de derechos, igual o mayor a los “sistematizados” que están nucleados en Cooperativas monitoreadas por el GCBA.
Esa masa de trabajadores informales también recibe un “incentivo” que es una especie de subsidio mensual de $1.100 otorgados por la Jefatura de Gabinete del GCBA, con independencia de lo que cargan. La mayor parte de los trabajadores provienen de la zona norte de la provincia de Buenos Aires de localidades como Benavidez, José L. Súarez, Cárcova, Tigre, etc, y los hay también de la zona sur. El dato más desolador es la presencia indisimulada de menores de edad que lejos de ser contenidos en guarderías o en escuelas permanecen con sus padres, en el mejor de los casos. Las tareas de “acopio” están a cargo de una empresa de camiones que coincidentemente es la misma empresa encargada de efectuar los transportes escolares para el Gobierno de la Ciudad. El costo que afronta la ciudad por viaje realizado en camión es de $1600, y viene a reemplazar al legendario Tren Blanco, suspendido en su financiación apenas Macri se hizo cargo de la Ciudad en su primer mandato.
Los recuperados urbanos comúnmente denominados “cartoneros” no tienen control sanitario. Ante la posibilidad de un accidente, y al decir de uno de ellos “hay que rogar para que la Ciudad se haga cargo de la compra del medicamento”. La realidad es que los trabajadores “no sistematizados” representan un número significativo y se manejan discrecionalmente ya que actúan “por su cuenta” y su accionar no reconoce reglas de juego claras ni para los trabajadores sistematizados ni para las autoridades de la Ciudad. Están “fuera de control”.
FUERA DE CONTROL
Tampoco reciben supervisión de funcionarios públicos siendo la última vez que se lo vio al Ministro de Ambiente y Espacio Público Diego Santilli hace tres años. Tampoco hay relevamientos ni censos del movimiento de los recuperadores urbanos ni en forma centralizada ni por comuna – a través de las Juntas Comunales que están constituidas por ley-. Recordemos que el conjunto de las Comunas reciben el 1.5% del Presupuesto de la Ciudad que se distribuye territorialmente en 15 Comunas según el número de habitantes de las mismas, alcanzando un ingreso de aproximadamente 40 millones de pesos anuales. Cabría preguntarse qué funciones cumplen las Comunas, si efectivamente las cumplen, y si lo hacen eficientemente.
La denuncia más grave que hacemos aquí es que hace cuatro años que no hay registro actualizado e identificatorio de los trabajadores denominados pomposamente “recicladores urbanos” dando lugar a serias sospechas en torno al manejo discrecional del Programa.
Una verdadera eclosión de carros acompañan las montañas de basura en medio de las principales arterias de la Ciudad. El paisaje se completa con un tendal de colchones arrojados sin más en las puertas de los domicilios particulares a la espera del acopio, y es allí donde se lleva a cabo la separación de la basura en las veredas públicas, sin importar demasiado las frecuencias de recolección y las necesidades de los vecinos.
Al problema de Salud Pública Ambiental con la aparición de roedores, de virus y enfermedades transmisibles se le suma la ausencia de limpieza en las calles y desinfestación y lo más grave aún, la temida indiferencia social ante el trabajo infantil que viene a reforzar el sentimiento de impunidad y des-reponsabilidad de los ámbitos gubernamentales.
Ambas policías: la Federal y la Metropolitana permanecen ajenas -por ausencia de directivas políticas precisas-, a las disputas territoriales causadas por las facciones de los contingentes de trabajadores que librados al azar, no tienen ni brújula ni control estatal. Se ensayó una solución al problema derivado de la ocupación del espacio público a través de la creación por parte del Jefe de la Ciudad de la UCEP que fue disuelta por la utilización de fuerzas de choques paraestatales para resolver el problema social.
Allí están, los intangibles trabajadores prestos a volver cada noche de donde partieron. La provincia de Buenos Aires debería asumir su cuota parte de responsabilidad social y compartir el financiamiento de las actividades, incorporándolos al mundo del trabajo formal, en un marco de dignidad y respeto por el ser humano.
EN RESUMEN
Si tengo el honor de representarlo o representarla en la Cámara de Diputados me comprometo a defender con honestidad y fiel a mis valores radicales los derechos de la ciudadanía porteña, hoy vapuleados por izquierda y por derecha.
Hay miles de compatriotas que tienen que dejar de engrosar las estadísticas de los sectores vulnerables, para pasar a ser portadores de ciudadanía plena. Por eso, en forma conjunta con la Cámara de Senadores y con la legislatura porteña propiciaremos el desarrollo de distintos programas de capacitacion laboral, para dotar de oficios a estas personas, alejándolas de las calles y vagabundeo, para integrar con dignidad y estimular la cohesión social.
Estoy convencida que la implementacion de politicas públicas tendientes a transformar los Planes Sociales «jefes y jefas de hogar», y distintos programas de clientelismo electoral, en verdaderos puestos de trabajo decentes, con plenitud de derechos sociales y seguros correspondientes a la actividad que desempeñen.