Argentina | Córdoba | 01-04-2015
RÍO CUARTO – A partir de una iniciativa del juez Rolando Guadagna se concretó ayer una primera e inédita audiencia pública con el fin de tratar la delicada situación que atraviesa el servicio de recolección de basura de la ciudad que brinda con serios problemas económicos una empresa privada
De la reunión participaron, entre otros, el defensor del Pueblo, Guillermo De Rivas, ediles que conforman los tres bloques parlamentarios, los representantes legales de la firma y el fiscal municipal Hernán Di Santo.
Al opinar sobre la conflictiva situación, De Rivas sostuvo entre otros conceptos que la firma Cotreco “no ha justificado por qué razón exige mayores costos”.
Por su parte, Di Santo sorprendió al reconocer que el municipio podría rescindir el contrato y evaluar un nuevo pliego licitatorio. Es válido recordar que con anterioridad. Ignacio Fernández Sardina, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Río Cuarto, había negado que Cotreco se iba a presentar ante la Justicia local para rescindir su contrato. “El alcance de la audiencia convocada por el juez es darle un sentido de participación amplio al proceso. Es la oportunidad de escuchar no sólo a los bloques políticos del Concejo Deliberante, sino también al gremio de los trabajadores del Surrbac y también a la gente”, opinó Fernández Sardina durante el encuentro. El colaborador del intendente Juan Jure sostuvo más adelante que “se intenta dar una amplia participación a un problema que nos involucra a todos”. “Cotreco no ha pedido irse de Río Cuarto, si le ha pedido al juez que elimine un estado de incertidumbre en torno si puede irse sin responsabilidades, sin que se le aplique los mecanismos del pliego, sin fondos de reparo ni seguros de caución”, aseveró más adelante.
Es válido recordar que esta firma se hizo cargo de la prestación reemplazando a la empresa mixta Gamsur creada durante la gestión del exintendente justicialista Alberto Cantero. Los sucesivos problemas económicos de la mixta derivaron en que los socios privados resolvieron vaciar lentamente de insumos a Gamsur. El municipio decidió comprar la mayoría accionaria privada y en ese paquete de negocio se produjo la estatización del pasivo con un alto costo para el estado local de Río Cuarto. La situación se fue agudizando a partir de los reclamos constantes del gremio y el enfrentamiento de éste con el municipio. En setiembre de 2011, Jure decidió transferir el contrato a Cotreco, la única firma que aceptó las condiciones del convenio, entre ellas hacerse cargo de los 234 empleados.
El contrato que recibió la empresa vence el 31 julio de 2016. Es decir que el próximo gobierno municipal deberá resolver si prolonga el convenio, realiza una nueva licitación o devuelve el servicio a Gamsur, una firma que es sólo un sello con una pesadísima deuda. El municipio está pagando más de 14 millones de pesos por mes para cubrir las prestaciones.
