La Justicia ordenó en julio de 2010 que se prohiban las quemas y el entierro improvisado de basura, pero hasta el momento, no consta la aplicación de dicha sentencia.
Por otra parte, el municipio debía hacer un registro de los vecinos que viven cerca de los basurales y un estudio sobre el grado de contaminación de la tierra, del agua y las napas. Además, aplicar un plan de gestión para el tratamiento de residuos sólidos.
Aunque no hay una constancia de cumplimiento de lo solicitado, La defensoría Oficial de Pobres y Ausentes peticionó que se cumpla lo ordenando, cuanto antes. Según señaló el juez de Paz de Paso de la Patria Alejandro Sánchez Martínez “existe voluntad de cumplimiento por parte del municipio pero se debe solucionar el problema porque el daño es a futuro” indicó a la Red.
En este sentido, el magistrado recomienda la aplicación de rellenos sanitarios pero aclarando que antes debe contar con la autorización del órgano competente en estudios de impacto ambiental.
La República (Argentina) 14-04-11