El Concejo Deliberante ha dado ingreso durante la sesión pasada a una iniciativa privada que propone tratar la basura en el Volcadero municipal, y sanear el terreno. La propuesta fue presentada primero al Ejecutivo y luego fue elevada al Concejo, ya que éste debe declarara de interés público para que el Ejecutivo proceda a llamar a licitación pública con esa idea. Pero el Cuerpo también puede desestimarla.
La iniciativa se estudiará en la Comisión Especial de Iniciativas Privadas, presidida por la concejal Marcela Abalos (PJ hallismo), e integrada entre otros por el concejal Emmanuel Martínez Garbino (Concertación Entrerriana), que asimismo forma parte desde hace tres años de la Asamblea de Vecinos por la Basura.
El estudio de la iniciativa privada está reglamentado por la Ordenanza Nº 7.667, aunque han sido sumamente escasas las oportunidades en que un proyecto toma estado legislativo de esta forma.
De resolverse un llamado a licitación basado en esta propuesta privada, se trataría de la segunda licitación vinculada con el Volcadero en lo que va de la gestión. La primera fue la malograda planta Oxalor, que nunca pudo concretarse porque se le vino encima la crisis financiera internacional.
Hoy las 300 toneladas de basura que produce diariamente la ciudad se siguen tirando a cielo abierto, sin ningún tipo de tratamiento, salvo la cobertura con broza. Y los desperdicios cada vez están más cerca del río.

CARACTERÍSTICAS. La propuesta puesta a consideración del Concejo es de autoría de la firma Gesteco, con domicilio en Paraná. Contempla la ejecución de un proyecto destinado al tratamiento y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y rehabilitación del Volcadero.
El proyecto prevé el manejo de los residuos sólidos urbanos mediante su valorización, ya sea a través de su reciclado o reutilizando los residuos secos, compostando los húmedos y restos de poda. La idea es que la fracción de rechazo sea la mínima.
Al parecer, la empresa aclaró que pretende trabajar sin crear situaciones de confrontación con el sector de la población que realiza sus actividades en torno al reciclaje de la basura, tal como lo establece la Ordenanza Nº 8.954, que da una serie de lineamientos relacionados con la basura.
Sucede que en Paraná, hay centenares de familias que viven del cirujeo, muchas de las cuales residen en las inmediaciones del Volcadero.

TRABAJOS. La empresa dice que va a construir una plataforma de descarga de los residuos, con zona para cirujeo. “Se trata de 20 boxes techados y con luz eléctrica, para que los trabajadores informales de la basura realicen la tarea de recupero en cualquier horario y dignamente”, se explicó. También se levantaría un galpón para la acumulación transitoria de residuos inutilizables; plantas para el tratamiento de residuos secos y húmedos; y un centro de disposición final, que se haría por relleno sanitario controlado, con sistema de venteo, captación de biogás y obras de contención hidráulicas.
Para la rehabilitación del vertedero a cielo abierto se harían trabajos de nivelación e incorporación de material orgánico en el predio; parquización y espacios verdes; y un parque de energía solar para uso de las plantas de tratamiento.
Para realizar este trabajo, la empresa firmaría un contrato con la comuna, prestaría el servicio y cobraría un canon por la tarea. Por último, se aclara que la iniciativa no contempla un financiamiento por parte del municipio, para ninguna de las obras previstas.

Concesión
La propuesta en análisis implica que el tratamiento de la basura será un servicio concesionado, en manos de privados. Para estudiar el proyecto “se debe crear la comisión, que no existe”, explicó el concejal Emmanuel Martínez Garbino, que integrará el órgano. La comisión empezaría a funcionar la semana que viene, según se informó.
De todos modos, el edil adelantó su opinión en torno al tratamiento de la basura. “La idea en este caso es que al Estado municipal se le cobre por el tratamiento de la basura, no que sea un servicio público, para que el privado tenga un rédito económico. Yo tengo otra perspectiva con respecto al tema y de los roles que el Estado no tiene que delegar”, dijo. El Volcadero “en la condiciones actuales, claramente no puede continuar, no está bien”, dijo y en cuanto a la propuesta, opinó que “hay que estudiarla, y luego se declarará de interés municipal o no”, redondeó.
EL DIARIO intentó consultar acerca del funcionamiento de la comisión a su presidenta, Marcela Abalos, pero fue imposible una comunicación con la concejal.

Oxalor y la planta que no fue
Aún resuenan en la ciudad los ecos del proyecto Oxalor, que generó gran revuelo en Paraná en el primer año de gestión del intendente José Carlos Halle. El proyecto lo trajo el actual secretario de Medio Ambiente, Ricardo Goñi.
Para contratar este servicio, que implicaba la construcción de una planta de tratamiento con cal de los residuos que costaría 35 millones de pesos, la comuna llamó a licitación a mediados de 2008, y contrató a la empresa Sánchez Granel Ingeniería, propietaria de la marca Oxalor. Los residuos quedarían convertidos en una materia inerte que en algún lugar se dispondría finalmente y los gastos los pagarían las Naciones Unidas. Pero en el medio quedaban los cirujas, y además hubo problemas en diferentes barrios, que se negaban a acoger a la planta. Después del rechazo de la gente de Acceso Norte, del Parque Industrial y de La Floresta, la planta iba a ser ubicada en el mismo Volcadero. Pero la crisis financiera global de 2009 aguó el megaproyecto, que quedó en la nada. Mientras, los residuos siguen tirándose a cielo abierto al lado del río, en la costa del río.

Kyoto. La empresa que ganara aquella licitación debería presentar su proyecto a la ONU para que ese organismo lo evaluara y autorizara la liberación de fondos para su funcionamiento, los llamados “bonos de carbono”. Estos bonos que emite Naciones Unidas la planta los podría “negociar en el Banco Mundial o con empresarios del hemisferio norte”, se dijo en su momento. Los bonos de carbono son papeles que compran las empresas contaminantes de los países que firmaron el Protocolo de Kyoto -que estipula una reducción del 5,3% de la emisión de gases de invernadero entre 2008 y 2011-. Con ellos, se financiaban proyectos de desarrollo limpio en los países pobres, compensando así la no reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero que sin embargo los países firmantes se comprometieron a realizar. Pero semejante ingeniería financiera no pudo nunca ponerse en marcha, porque se desató la crisis internacional, según se explicó oficialmente.

FUENTE:
El Diario de Paraná (Argentina) 05-08-11