La provincia quedó fuera del financiamiento para bosques nativos; tiene en debate una ley de pesca; la norma de plaguicidas está en estudio y aún no se avanzó sobre los terraplenes de Pou, porque hay una ley pero no está reglamentada.
De acuerdo a un informe oficial de la Secretaría de Medio Ambiente, fechado en diciembre de 2008, sobre 16 municipios y 64 Juntas de Gobierno, sólo en el 27% de los municipios relevados se recicla alguno de sus componentes; en la campaña 2007/08 se emplearon 201.140 toneladas de fertilizantes, 10.115.222 litros de herbicidas y 2.146.251 litros de insecticidas, en promedio un 10% más que en la campaña anterior y menos de un centenar de empresas tienen su permiso ambiental otorgado sobre un total de 4.000, según datos de la Dirección de Industrias.
En Entre Ríos , la Legislatura debate numerosos proyectos sobre política ambiental y, en Diputados, de acuerdo a lo normado durante el proceso de reforma de la Constitución, en el 2008, se trabaja en la redacción de un Código Ambiental para la provincia. Sin embargo, el Estado no tiene aún una ley de impacto ambiental. Y es una de las dos provincias argentinas con esa carencia. En Diputados, Jorge Kerz y Daniel Bescos propusieron un texto que está en comisión desde septiembre del 2008.
En tanto, proyectos como el que regula los feed lot, con media sanción en el Senado; espera en Diputados; el que promueve la medicación del impacto ambiental en obras; que impulsó Eduardo Melchiori (PJ- Islas) en esa Cámara y que ya ingresó a Diputados se debate en comisión; las modificaciones a la ley de plaguicidas que promovió Diputados, corrió la misma suerte en la cámara alta y, hace tiempo que espera por su suerte en Diputados la propuesta, también de Melchiori, para prohibir el uso de papel blanco en el Estado, en consonancia con la lucha contra las pasteras.
Se suman la Ley de pesca que planteó el diputado Juan Carlos Almada (PJ) , que no logra sanción definitiva y que, como consecuencia deja a Entre Ríos y a Santa Fe en una situación distinta frente a un mismo tema.“Hoy rige una medida para el sábalo en Santa Fe y otra en entre Ríos” mostró a RecintoNet, el abogado Diego Rodriguez, de la fundación ecologista M´ Biguá que detalló que la coincidencia está en la talla de 42 centímetros pero no en el calado de la malla.
Además, están los varios proyectos para evitar el uso de bolsas de material no biodegradable,tanto de la bancada oficialista como de la radical, y la plantación de árboles que impulsa PNUMA y que pidió Jodor en la cámara baja, que ya fue aprobado.
A su vez, la provincia quedó fuera del financiamiento del plan de ordenamiento territorial que se fijó por ley nacional. La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 y su reglamentación debía efectuarse en 90 días. La norma fijaba un año de plazo para que las provincias concretaran el ordenamiento territorial que categorizara las áreas forestales según su valor de conservación.Entre Ríos no lo hizo. “Al no contar con esta disposición, es decir mientras no haya plan no se pueden autorizar los desmontes” precisó Rodríguez.
El punto principal de la reglamentación dispone que la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación, estará obligada a brindar, a solicitud de las autoridades de cada provincia, “la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en sus jurisdicciones”. Esto es, fundamentalmente, que habrá plata para que las provincias hagan el mapeo que les ordena la ley.
La secretaría de Medio Ambiente informó en forma oficial que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), no ha enviado a las autoridades provinciales ningún tipo de informe sobre la calidad del agua en el río Uruguay frente a la planta de Botnia. Es la respuesta que dio el Ejecutivo a un pedido de informe que presentó el bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR).
“El Instituto Nacional de Tecnología Industrial no ha enviado a nuestra secretaría ningún tipo de informe acerca de la calidad del agua del río Uruguay en la zona mencionada”. Así responde Medio Ambiente al segundo punto del requerimiento hecho por el bloque radical presentado el 3 de febrero, en el documento girado a Diputados la semana pasada y a cuya copia accedió APF.
Los radicales pretendían conocer si el INTI “ha hecho llegar a la Provincia los resultados de análisis de calidad del agua del río Uruguay que permitan detectar la presencia de dioxinas y metales pesados en zonas aledañas a la planta de la empresa Botnia” y, si la respuesta era afirmativa, saber cuáles eran “los niveles detectados y demás elementos que pudieran identificar su origen”.
La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia elaboró en 2008 la primera etapa de un Diagnóstico Ambiental cuyo objetivo es contar con una herramienta actualizada para la toma de decisiones estratégicas de cara al futuro del desarrollo sustentable de la provincia. Se trabajó sobre cuatro ejes: Agropecuario, Industrial, Turismo y Residuos Urbanos.
Ese informe, que ya no está disponible en la página oficial de la Secretaría de Fernando Raffo, promete que el diagnóstico “será actualizado cada año para que los datos recabados sirvan como base de información para otras investigaciones”
El trabajo fue elaborado por un equipo de profesionales integrado por el ingeniero Víctor Badaracco, quien trabajó sobro el eje Agropecuario, y los licenciados Valeria Wetzel (Eje Residuos Urbanos), Héctor Sejenovich (Turismo) y Guillermo Luciano (Eje Industrial).
Para la investigación del eje agropecuario se realizó una clasificación de Zonas Agroeconómicas Homogéneas: Noroeste, Capital y Oeste Agrícola, Noreste, Centro y Delta.
En Entre Ríos la agricultura aporta más del 40% del Producto Bruto Agropecuario, lo que revela la dimensión de ese sector productivo que en la campaña 2007/2008 ocupó un poco más de 2 millones de hectáreas bajo cultivo.
Según datos de la Dirección de Agricultura de la provincia en la campaña 2007/08 se emplearon 201.140 toneladas de fertilizantes, 10.115.222 litros de herbicidas y 2.146.251 litros de insecticidas, en promedio un 10% más que en la campaña precedente.
El texto también advierte que la producción de carne aviar ocupa un lugar privilegiado pero señala que “esta modalidad productiva esta cambiando, dando paso a la instalación de feed lots que concentran un importante número de cabezas en un espacio reducido” denuncia.
“Al momento de procesarse esta información en los registros de la Secretaría había 81 establecimientos que alojan un total no establecido de vacunos en proceso de engorde intensivo, de los cuales el 63% se ubica en la costa del río Paraná. Mientras que los establecimientos de producción de carne avícola (2.490 granjas) están mayoritariamente ubicados en la costa del río Uruguay.
En el eje industrial, el padrón elaborado en 2001 por la Dirección de Industrias dice que existen 3.872 unidades industriales en Entre Ríos. “De ese total 1.372 han expresado su vocación de ser consideradas industrias; más aún de dicha cantidad menos de un centenar han presentado la documentación necesaria para obtener el permiso de funcionamiento” informa Medio Ambiente.
El dato alarmante es que “menos de un centenar de empresas tienen su permiso ambiental otorgado sobre un total de 4.000, según datos de la Dirección de Industrias. No obstante esto la Secretaría de Medio Ambiente. Es decir que sólo el 4 por ciento está en regla.
El diagnóstico consigna que las actividades con incidencia ambiental son: industrias de faena animal; curtiembres; impregnación de maderas; fábrica de acumuladores; industrias químicas y laboratorios de especialidades medicinales, humanas y veterinarias; industrias productoras de pasta de papel y cartón; y fundición de metales.
La Secretaría de Medio Ambiente dice que el turismo “es una causa importante del deterioro ambiental” y menciona entre los efectos negativos “el incremento de la utilización de los suelos, el agua y la energía”. También dedica un párrafo a la explotación. “El volumen de agua de los complejos termales entrerrianos alcanza un caudal de 1.584 m3/hora, lo que significa que potencialmente se extraen catorce millones de m3 de agua por año de los acuíferos subterráneos y se vuelcan en los superficiales”.
“Los investigadores – dice el informe- coincidieron en decir que en el estudio de de la incidencia de la actividad turística en términos ambientales en nuestra provincia está casi todo por hacer y que la directa relación entre turismo y ambiente exige una enérgica atención del Estado para regular la utilización de los recursos naturales con fines turísticos y prevenir las consecuencias negativas que se proponen”.
Para el eje de los Residuos Urbanos se recorrieron 16 municipios y se obtuvieron datos de 64 juntas de gobierno. La disposición final de los residuos en Entre Ríos muestra que sólo en el 27% de los municipios relevados se recicla alguno de sus componentes y hay pocas ciudades con plantas de tratamiento integral en funcionamiento. Respecto a la disposición final de los residuos, 15 localidades lo hacen a cielo abierto; cuatro a través de relleno sanitario; y siete realizan reciclado.
Una de las principales consecuencias de la disposición a cielo abierto de los residuos es la proliferación de vectores. En Entre Ríos el 67% de los encuestados afirma realizar control de roedores, lo cual pudo haber contribuido a la disminución de casos de hantavirus y leptospirosis.
Los casos testigos
Los terraplenes de Pou en Gualeguay y los de la empresa holandesa Bema Agri siguen en pie. La Ley 9.757, promulgada en febrero del 2007, impulsada por el senador César Melchiori, está sin reglamentar. Su puesta en vigencia impediría la construcción de terraplenes y el abuso en los recursos hídricos.
Por ello, siguen inconclusas algunas causas como las que tiene el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRG) desde 2002. El 18 de octubre de ese año, la propietaria de un campo en Gualeguay, denunció a su vecino, el bancario. El ex funcionario menemista, dueño de la Estancia La Calera, mandó a cortar cuatro arroyos con tabiques de tierra de unos 60 kilómetros de extensión.
El Corufa ordenó abrir esa mega barrera pero Pou. Ni en ese año ni en los siguientes, a pesar de las reiteradas denuncias. El pedido llegó a la Cámara de Diputado de la Nación en 2006, pero los terraplenes de Pou siguen en pie hasta hoy.
A este hecho se suma la empresa holandesa Bema Agri que ocupa una isla del delta de Victoria y que desde la Legislatura pretenden paralizar aunque en esa intentona se reavivó el debate acerca de la norma que habilitó el arrendamiento de las islas y la inversión que ya hicieron quienes resultaron beneficiados con ese plan que data de la gestión anterior.
Bema Agri adquirió en marzo de 2008 poco más de 8.000 hectáreas de islas del ejido y levantó imponentes terraplenes para proteger sembradíos de oleaginosas. El emprendimiento privado, que habría demandado una inversión de unos 3,5 millones de dólares, se montó sin autorización de la Municipalidad, pese a la existencia de dos normas que prohíben la actividad agrícola en esa zona. El emprendimiento se erigió ante los ojos del municipio, que no aplicó esas normas y delegó el caso a estamentos provinciales que no contaban con leyes de aplicación al respecto.
