General Pico – Según le informaron a El Diario referentes de la Asociación de Padres y Amigos Protectores (APAP), desde 2012 trabajan en un proyecto mediante el cual pretenden crear un Taller Protegido de Producción donde personas con capacidades diferentes puedan desempeñarse laboralmente.
La iniciativa se verá beneficiada por la sanción de la Ley 26.816, que entró en vigencia a principios de mes, la cual prevé fondos y aporta un marco legal para la creación de este tipo de emprendimientos, que luego deben lograr ser autosustentables.
Marta Miskoff contó que como “APAP es una institución que tiene la capacidad de poder discernir en momentos de crisis cuáles son las oportunidades”, a pesar de los problemas económicos sufridos desde el año pasado, “pensamos un proyecto que beneficiaría sin duda a la población con discapacidad, que es poner en marcha algo que tuviera que ver con el trabajo, que es siempre el área donde hay mayores falencias. Una vez que los chicos o los jóvenes egresan de las escuelas especiales o de los servicios que hay para niños, quedan sin cobertura”.
Como respuesta a esta problemática, “hace cinco meses que estamos trabajando en un proyecto de reciclado de residuos urbanos, de PET -botellas plásticas-”. Esto sería además una “respuesta a un problema que tiene que ver con el cuidado del medioambiente y a la vez para concientizar a la población”.
Posteriormente agregó que si bien “ya sabemos que en General Pico hay un proyecto que tomó toda esta parte -la Planta de Reciclado-, nosotros queremos buscar un complemento y dar un pasito más. La idea es poder hacer un Taller Protegido de Producción, donde operarios, que son personas con discapacidad que no tengan posibilidad de insertarse en el mercado laboral competitivo, desarrollen un trabajo que sea autosustentable y remunerativo”, indicó.
Esto no solamente tiene que ver con APAP, ya que Miskoff aclaró que “encaramos un proyecto que vamos a llevar a cabo en nuestra ciudad y también en Santa Rosa, vamos a invitar a que se sumen a este proyecto otros talleres protegidos de la provincia de La Pampa, y a medida que vayamos delineándolo con mayor especificidad vamos a ir informándolo a la población”.
Antecedentes y ley
Marta Miskoff contó que “este proyecto se basa en un trabajo muy exitoso que están haciendo -en un centro de día- en Necochea hace diez años, con un Taller Protegido de Producción con estas características de reciclado”.
Posteriormente agregó que fueron varias veces a la ciudad costera, donde realizaron “un estudio de campo con los profesionales que están trabajando en esta área y hemos visto a los operarios trabajar. Entre investigación, análisis de comercialización y análisis de costos, estamos trabajando en pleno diseño y en esta etapa hemos obtenido el pleno apoyo de la Dirección de Discapacidad de la Provincia, así como del Ministerio de Bienestar Social provincial, que son apoyos importantes y casi diría necesarios para que este proyecto finalmente salga a la luz”, aseguró.
La reciente sanción de la Ley 26.816, la cual entró en vigencia el 1 de febrero de este año, esperanzó a los integrantes de APAP con poder concretar el tan ansiado proyecto.
La legislación establece la aplicación del denominado “Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad”. El mismo establece en su primer artículo, en el punto 1, que se deberá “promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado”. Además en el punto 2 se establece que se debe “impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los Organismos Responsables para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con discapacidad”.
Los fondos con los que se sustentarán los lugares de empleo protegido provendrán de “créditos presupuestarios que se contemplen en los presupuestos de la Administración Pública Nacional y, en su caso, de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo los principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación, para garantizar su funcionamiento eficaz y homogéneo en todo el territorio nacional”.
En el capítulo 3 de la ley, en su artículo 14, se hace referencia a Talleres Protegidos de Producción (TPP). Queda establecido en el primer punto que las plantillas de personal “deberán estar integradas, como mínimo, en un ochenta por ciento (80%) con personas con discapacidad. Este mínimo será del setenta por ciento (70%) cuando se trate de Talleres Protegidos de Producción (TPP) con menos de diez (10) trabajadores”.
El segundo punto detalla que los TPP y sus trabajadores “deberán realizar producción de bienes y/o servicios, participando regularmente en las operaciones de mercado, con la finalidad de generar ingresos tendientes a la autosustentabilidad de este emprendimiento social”.
Luego en los puntos 3 y 4 se establece que los contratos sean por tiempo indeterminado, a excepción de los casos en que la tarea a realizar requiera solo trabajadores por tiempo determinado. Además se estipula que se debe hacer un seguimiento de la evolución de los trabajadores, para promover su desarrollo, otorgar tareas de mayor complejidad, mejorar su capacidad y lograr su inserción en el mercado laboral regular.
El artículo 15 del mismo capítulo remarca el objetivo de insertar a los trabajadores en el mercado regular y también que, previo a poner en funcionamiento el TPP, todos los empleados deben estar debidamente dados de alta ante el ente regulador.
Finalmente queda establecida como autoridad de aplicación, que será quien tendrá a su cargo el control de todas las etapas de los TPP, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Además se remarca que todos los trabajadores contarán con los mismos beneficios que un trabajador regular, y que tendrán exenciones de impuestos para los TPP y para quienes les den empleo a personas con capacidades diferentes.
