Representantes de comunidades aborígenes asentadas sobre la ruta nacional 86 denunciaron, el pasado 9 de este mes, a funcionarios de la provincia y de la Nación por incumplimiento de sus deberes.
Debido a que no se llevan a cabo los controles para asegurar que se cumpla con la orden de suspensión de los desmontes y la explotación forestal en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria, dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado.La denuncia, firmada por los caciques Eduardo Rivero y Roque Miranda, en representación de las comunidades Choawayuk y Hoktek T`oi, apunta "a los responsables", funcionarios provinciales y nacionales, de que no se esté haciendo efectiva la orden dada por el máximo tribunal nacional.
"Ninguno de los Estados dispuso medida alguna para efectivizar la medida judicial. Prueba de ello son los tractores cargados de madera que diariamente circulan por la ruta 86. Hemos podido constatar hasta cerca de 20 tractores, camiones y camionetas por día", sostuvieron los denunciantes.
En la presentación, realizada en la Fiscalía Penal Nº 2 de Tartagal, se recuerda que el 4 de mayo miembros de las Comunidades de los kilómetros 12, 14, 16 y 18 se apostaron en la ruta para detener los tractores que transportan madera y ello derivó en agresiones verbales y físicas.
Anteayer grupos antagónicos se arrojaron piedras en el kilómetro 16 y al menos cuatro personas resultaron con lesiones.
La denuncia recuerda que el 8 de mayo la secretaria de Política Ambiental de la provincia, Cristina Camardelli, se reunió con los dirigentes aborígenes de la zona y los notificó de la orden de suspensión, "pero no sabemos si les notificó a los grandes madereros y a los dueños de aserraderos, que son los que están perjudicando el monte" y "parece que tampoco suspendió las guías forestales, porque se siguen usando y haciéndolas valer".
Miranda y Rivero añadieron que a pesar de que la misma Secretaría constató, en una inspección realizada el 15 de mayo, que la tala seguía, "la madera sigue saliendo y no hay ningún operativo de control en la zona", es decir, "no hay ninguna intención de querer hacer cumplir la medida cautelar".
Por esta falencia es que las propias comunidades deben realizar los controles, "haciendo el trabajo que le corresponde a las áreas de ambiente del Estado nacional y de la provincia de Salta".
"Puede afirmarse -sostuvieron- que existen funcionarios públicos que están incumpliendo con la función que le ha sido asignada, y que su responsabilidad administrativa y penal sea evidente", y pidieron que se realice la correspondiente investigación penal.